Según la CEPB, esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), mediante un comunicado de prensa, expresó su alarma y preocupación extrema por la decisión tomada por el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), de incrementar en 5.85% el salario mínimo nacional y en 3% el haber básico, porcentajes muy por encima del índice de inflación del año pasado, que fue de 2.12%, y que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024.
Según la CEPB, esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal.
"Lamentamos que una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas. Nos preocupa además que se haya obviado de nuevo el cumplimento de un Convenio Internacional que, al ser ratificado por Bolivia, tiene carácter vinculante", indicó la institución.
Añadieron que "la intransigencia de la COB para atender las razones del sector empresarial", no solo tendrá efectos negativos sobre las empresas, sino que profundizará la precarización del empleo y afectará la inversión pública subnacional y la economía en general.
En esa línea afirmaron que los empresarios privados siempre cumplieron con la Ley y esta no será la excepción; sin embargo, alertan que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad.
Finalmente, demandaron que la responsabilidad por el impacto negativo de este incremento sea asumida por quienes tomaron la decisión y no se pretenda trasladarla a quienes no participaron en este proceso.
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